El Gobierno de Colombia y la Corte Penal Internacional (CPI) firmaron este miércoles en Bogotá un plan de trabajo conjunto con compromisos puntuales para seguir avanzando en alcanzar la justicia y la verdad, que materializa el acuerdo de cooperación suscrito en 2021.

En el plan de trabajo Colombia se compromete a promover la cooperación entre las diferentes entidades del Estado, como la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para establecer mejores mecanismos de cooperación con la CPI.

Esto porque en 2021 el tribunal internacional cerró el examen preliminar del caso por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en Colombia.

En ese sentido, el plan suscrito hoy permitirá realizar actividades para fortalecer la judicialización de los crímenes cometidos en el conflicto armado y alcanzar la justicia y la verdad para las víctimas, así como la promoción de garantías para la no repetición.

"Subrayamos que Colombia es un laboratorio de paz y que el país está dispuesto a compartir experiencias y lecciones aprendidas que puedan resultar de interés para otros países que transitan por procesos similares", dijo el canciller, Álvaro Leyva, citado en un comunicado de su despacho.

Mientras tanto,  el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, destacó el compromiso del Estado colombiano para buscar la paz.

"Lo que queremos es tener la seguridad que el día de mañana habrá una Colombia mejor, más pacífica y más justa, y que esa Colombia sea ejemplo para el mundo", añadió.

El fiscal también valoró el hecho de que en Colombia se está trabajando "con un enfoque de una justicia multiniveles, con tribunales ordinarios, con la Fiscalía, con la JEP (Justicia Especial para la Paz)" Es algo que el mundo puede mirar como ejemplo", valoró. 

Objetivos

El principal objetivo del plan de trabajo conjunto es realizar actividades para fortalecer la judicialización de los crímenes cometidos en el conflicto armado y alcanzar la justicia y la verdad para las víctimas.

El Gobierno colombiano se compromete a salvaguardar el marco constitucional y legislativo, preservar y apoyar las estructuras existentes para alcanzar la justicia, financiar adecuadamente estas estructuras, proteger su independencia y garantizar la seguridad del personal judicial.

Igualmente, se compromete a promover la cooperación entre las diferentes entidades del Estado, como la Fiscalía y la JEP, con "miras a establecer mejores mecanismos de cooperación con la CPI".

Entre tanto, la Fiscalía de la CPI se compromete a apoyar los esfuerzos de las autoridades colombianas para seguir avanzando en la obtención de justicia para todos.

Por esto, el plan de trabajo incluye el diálogo y la interacción con el Gobierno de Colombia, visitas anuales al país, intercambio de lecciones aprendidas y mejores prácticas con los mecanismos nacionales de justicia, y la participación de profesionales del derecho colombiano en programas sobre derecho penal internacional en la CPI.

EFE